La Comunidad de Madrid se encuentra en la fase de elaboración de su primera Ley de Movilidad, un marco normativo que busca unificar criterios para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y promover el uso del transporte público. Para ello, la administración regional ha iniciado un proceso de consulta pública, con el fin de recabar las opiniones tanto de los ciudadanos como de las organizaciones más representativas del sector.
En la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno, se autorizó el inicio de los trámites necesarios para esta normativa, que pretende adaptarse a los retos derivados de la transformación en curso en el ámbito del transporte. La ley buscará ofrecer soluciones efectivas en relación con la implementación de las ZBE por parte de los diferentes ayuntamientos, proponiendo un modelo propio que refuerce la competitividad regional.
Objetivos y participación ciudadana
La futura Ley contempla una clasificación de vehículos basada en su ratio de emisiones por pasajero, teniendo en cuenta también las necesidades específicas de pequeñas empresas y autónomos. El Ejecutivo autonómico aspira a que este proyecto cuente con un amplio consenso social y parlamentario, por lo que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras abrirá un periodo de 20 días para recibir sugerencias tras su publicación en el Portal de Transparencia. Además, durante la redacción del texto legal se llevarán a cabo diversas mesas sectoriales para fomentar la participación activa de todos los agentes implicados. Se espera que estas iniciativas contribuyan a crear un marco normativo robusto y adaptado a las realidades del transporte en Madrid.
Movilidad responsable y accesibilidad
Entre las medidas que incluirá esta nueva legislación se encuentran aquellas destinadas a impulsar una movilidad responsable y segura. Esto implica fomentar el uso del Metro y autobuses urbanos e interurbanos, sin desestimar otras modalidades como el vehículo privado.
Por otro lado, el Gobierno regional también enfatizará la importancia de mejorar la accesibilidad y establecer nuevas estrategias para garantizar que las zonas rurales o menos conectadas dispongan de opciones adecuadas para sus desplazamientos. La intención es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a soluciones efectivas para sus necesidades diarias.
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