El presidente de la petrolera, Antonio Brufau, denuncia una campaña de "hostigamiento" y de "coacción", "calculadamente planificadas para provocar el derrumbe del precio y facilitar la expropiación a precio de saldo". En rueda de prensa un día después de la expropiación, Brufau ha anunciado que tomará "todas las medidas legales" a su alcance, incluyendo demandas constitucionales, administrativas, mercantiles y civiles.
Pedirá, además, al arbitraje internacional una compensación "pronta" de daños por las acciones nacionalizadas de, al menos, 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros). Esta cifra corresponde al 57,4% de participación en YPF y supone valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (13.755 millones de euros), a razón de 46,55 dólares por título. Si bien, Brufau afirma que eso es lo mínimo que marca la ley y que la cuantía puede ser superior, en función de las demandas que se ganen.
En su opinión, esta expropiación de su filial se produce para "tapar la crisis económica y social que sufre el país" y acusa a la presidenta del país, Cristina Kirchner, de "intoxicar" y "manipular" los datos. Según Brufau, Kirchner ha presentado una cuentas "extrañísimas" de las cifras de YPF, "mezclando churras con merinas". "Esta no es la Argentina querida, esta es otra Argentina", ha dicho. La medida, dice, es "ilegal, ilícita y se viola la confianza de la comunidad inversora internacional", concluye. Sobre el futuro: "Nos queda dejar de pensar en Argentina, nos queda pensar en acciones judiciales [...] Argentina no iba a ser un pulmón de crecimiento".
La plantilla se duplica en 10 años
Repsol defiende su gestión en Argentina con argumentos como el aumento del empleo, la comparación de su producción y reservas con otras compañías de hidrocarburos y el acuerdo por el que entró el grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, en el accionariado de YPF con financiación de la propia petrolera española.
La multinacional española recuerda que dio entrada a los Eskenazi en 2008 financiando el 55% de su adquisición de acciones, acuerdo que tuvo la aprobación del Gobierno de Kirchner y que suponía el pago del 90% de los futuros beneficios de la filial argentina en dividendos. Otro argumento de Repsol es que ha invertido en el país. La plantilla de YPF se ha duplicado en 10 años, de 8.867 personas en 2001 a 16.048 empleados en 2011.