La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo en la mejora de su Plan Alquila, al introducir un seguro multirriesgo de hogar para los contratos de arrendamiento que se formalicen durante los próximos dos años. Esta decisión fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, donde se autorizó la contratación de este nuevo servicio, que busca fortalecer un programa destinado a facilitar el alquiler y potenciar el mercado mediante un aumento en la oferta, lo que podría contribuir a la contención de precios.
Nuevas coberturas para propietarios
El contrato tiene como objetivo proporcionar un seguro multirriesgo para las viviendas que se adhieran al Plan Alquila. La entidad aseguradora estará obligada a cubrir eventos según la normativa vigente durante la duración de la póliza. Entre las coberturas destacadas, se incluye protección para el propietario contra daños en el inmueble arrendado, con un valor asegurado del continente de 72.000 euros, indemnización por responsabilidad civil de 150.000 euros y contenido asegurado por 10.000 euros. Además, se incorporan otras protecciones como daños ocasionados por incendio, rayo o explosión.
Este contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga, extendiéndose hasta un máximo de cuatro años. Se prevé que su inicio coincida con la licitación programada para el 1 de febrero de 2025; si se firma posteriormente, la vigencia comenzará al día siguiente de su formalización.
Aumentar la confianza en el mercado de alquiler
Anteriores requisitos solicitaban a los arrendatarios presentar el último recibo del seguro de hogar para beneficiarse del programa, que fue implementado por el Ejecutivo regional en 2008 con el propósito de ofrecer una gestión profesionalizada del alquiler y actuar como intermediario entre arrendadores y arrendatarios.
El principal objetivo del Plan Alquila es brindar seguridad y confianza a los propietarios que, debido al temor a impagos, optan por no poner sus viviendas en el mercado. Entre las garantías ofrecidas por este programa destacan aquellas destinadas a asegurar una mayor protección jurídica tanto para arrendadores como para arrendatarios, incluyendo servicios relacionados con impagos y asistencia fiscal y jurídica accesible para ambas partes.
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