La decisión de crear un acceso para los vecinos de La Solana de Valdebebas a través de Alcobendas, junto con la falta de previsión, desembocará en nuevos problemas y una mayor saturación del tráfico. Sin embargo, la respuesta de la alcaldesa es desviar la responsabilidad a otros.
“Es paradójico que quienes han permitido, impulsado o ignorado el desarrollo de urbanizaciones sin una adecuada planificación de infraestructuras ahora soliciten ayuda externa para resolver los atascos y deficiencias de acceso que han contribuido a generar.
La carta firmada por la alcaldesa y diversos representantes vecinales subraya la "profunda preocupación" por la falta de accesos directos desde Alcobendas y Solana de Valdebebas a la R2, pero no menciona que estos desarrollos se han aprobado sin garantizar de antemano las conexiones viales necesarias. ¿No era previsible que la llegada de miles de nuevas familias incrementaría el colapso de las calles?
Además, resulta llamativo que se proponga ahora la eliminación del peaje de la R-2 para paliar la situación. ¿Por qué no se ha negociado esto antes de seguir permitiendo desarrollos que agravan el problema? Si la movilidad de los ciudadanos era una prioridad, el Ayuntamiento debería haber previsto estas necesidades en lugar de actuar a posteriori, trasladando la responsabilidad de sus propias decisiones al Gobierno central.
Por supuesto, los vecinos tienen derecho a exigir mejoras en la movilidad, pero lo que no pueden aceptar es que quienes han contribuido a generar el problema ahora se presenten como sus principales defensores. La planificación urbanística no es un juego de azar; requiere visión a largo plazo, coordinación con las administraciones competentes y, sobre todo, responsabilidad.
Algo de lo que, lamentablemente, parece haber carecido el Ayuntamiento de Alcobendas en este asunto.
Por desgracia, la visión a largo plazo y la previsión no son las características más destacables de la alcaldesa. Es obvio que ni Alcobendas ni sus vecinos son una prioridad para este gobierno del PP. ¿Hasta cuándo los vecinos y vecinas deberán pagar las consecuencias de la improvisación política?”